LA NUEVA JUSTICIA GRATUITA, AL BORDE DE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

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1º) El nuevo sistema de remuneración al letrado en el proyecto de ley de Justicia gratuita.

Imagínate que en el servicio de urgencias de un hospital llega una ambulancia con un ciudadano de la CEE, a quien atienden por haber sufrido un accidente de circulación.

Tras estabilizarlo en los servicios de urgencias y realizar las primeras pruebas diagnósticas, se hace preciso prepararlo para una delicada posterior intervención quirúrgica que se realiza a los varios días del accidente.

Imagínate que este ciudadano carece de seguridad social, y de seguro sanitario.

Imagínate que al médico, anestesista y demás personal que le atendieron, le descuentan de sus nominas, el coste de los servicios prestados a este ciudadano. Y la Seguridad social les dice a estos profesionales que si quieren cobrar estos servicios que le reclamen al ciudadano de la CEE. Y les advierte además que si este ciudadano es insolvente, solo les pagarán los servicios prestados los cinco primero días.

Salvando las distancias, y considerando que a los abogados y procuradores del turno, no les pagan nomina, sino solo parte de los servicios que prestan, este sería el nuevo criterio de remuneración que pretende el gobierno implantar en el proyecto proyecto de ley de la justicia gratuita.

Pero además hay algunas incongruencias que rayan la legalidad constitucional.

2º.- El limite del imprem es inferior al salario mínimo interprofesional.

Si en España nadie puede trabajar legalmente, cobrando por debajo del salario mínimo, no se puede hacer depender un derecho fundamenta, como la tutela judicial efectiva, en función de un límite que sea inferior al salario mínimo interprofesional.

a)   El trabajo digno y con remuneración suficiente es una configuración del derecho al trabajo del art 35 de la CE

Establece el art. 35 de la CE:

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

b) Por su parte en el art. 26. 2 del ET se impone el límite mínimo de remuneración laboral en España diciendo :

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.

Conclusión: Si el SMI es un limite mínimo de remuneración legal del trabajo, el limite económico de los ingresos para tener derecho a la justicia gratuita, nunca debe ser inferior a este importe. A no ser que se considere que lo normal en España es tener un “minijob”, o un trabajo temporal a media jornada. Pero con ese planteamiento, España nunca saldrá de la crisis.

3º la obligación de mantener y costear el derecho a la justicia gratuita, es una consecuencia del Estado de Derecho y una obligación del Estado.

El Estado no puede imponer esta obligación económica a los profesionales del turno de oficio.

Las obligaciones económicas de los servicios públicos no pueden recaer en los profesionales que lo prestan. Es una obligación del Estado y por tanto no puede hacerse recaer esta obligación a los profesionales que lo prestan.

Convertir al abogado y procurador del turno, en cobradores de sus propios servicios, compromete gravemente la deontología profesional. Quebrando la confianza del cliente en su letrado, que se convierte en su acreedor principal, con posible información privilegiada.

4º El proyecto solo valora los ingresos del justiciable, no los gastos del proceso.

Según Doctrina del TC, en desarrollo del art. 119 de la CE y la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 28 de octubre de 1999, asunto Maxwell)

“El estado queda obligado a sufragar los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar.”

Por ello los límites económicos para reconocer este derecho son dos:

a)        los gastos del procesos.

b)        Los ingresos del ciudadano.

El proyecto de Ley, para conceder este beneficio, tiene en consideración únicamente los ingresos económicos del solicitante, NO VALORA LOS COSTES DEL PROCESO.

Quienes superen escasamente esos limites, pueden igualmente verse privados del derecho a la justicia, en todos aquellos casos en los que sus costes del proceso puedan hacer peligrar el nivel mínimo de subsistencia familiar:

  1. Por ejemplo iniciar un procedimiento declarativo contra el banco titular de su hipoteca, para suprimir unas cláusulas abusivas.
  2. Iniciar una demanda de preferentes.

Cualquier procedimiento de elevada cuantía, puede perderse con costas y puede determinar la ruina económica de una familia por tener que pagar las costas propias y las del contrario, así como la imposibilidad de hacer frente al pago de las tasas judiciales para instar la apelación o iniciar el proceso.

CONCLUSION FINAL:

El haber convertido la justicia en una fuente de ingresos públicos, a través de las tasas judiciales y los depósitos para recurrir, ha determinado un cambio radical en el planteamiento de los derechos fundamentales: la justicia deja de ser uno de los poderes del Estado, para convertirse en un servicio para ricos. La Justicia será solo para el que pueda pagarla. A los pobres… que los atiendan los abogados de oficio.

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