JUSTICIA GRATUITA

La nueva Justicia Gratuita causará indefensión y dilaciones procesales infinitas.

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pobraza en España1º.- Los pobres han de ser más pobres para tener el mismo derecho a la Justicia Gratuita.

Como comentaba en la nueva justicia gratuita, al borde de la legalidad constitucional, el derecho a la justicia gratuita se ha recortado más de un 12% con el IPREM. Y se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Lo que causara indefensión a infinidad de personas, convirtiendo la justicia en un artículo de lujo.

2º.- El proyecto de ley no valora los gastos del proceso para conceder la justicia gratuita. Solo valora los ingresos del solicitante.

  • Antes de la existencia de las Tasas Judiciales, era lógico valorar el acceso a la Justicia gratuita en función de los ingresos del solicitante. Pero desde la creación de la Tasas judiciales, hay procedimientos que solo las tasas judiciales pueden llegar a costar 10.000 €, haciendo imposible su presentación.

Las tasas suponen una variable nueva en la ecuación. Los ingresos por sí mismos, no determinan la realidad del problema.

Si según el Tribunal Constitucional, con la justicia gratuita se trata de permitir el acceso a la justicia, a quienes de exigirles el pago de los gastos del procesose verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar.”

Es evidente que NO solo hay que valorar los ingresos del ciudadano, sino también el coste del proceso.

Los costes del proceso, (las tasas judiciales y el riesgo a perder el pleito con imposición de las costas), hace inviable a muchas personas el reclamar justicia.

Una demanda de preferentes, de una persona mayor que haya perdido todos sus ingresos y que junto con su esposa, gane más del triple del IPREM, o un padre de familia que gane más del triple del IPREM y quieran pedir la nulidad, por abusivas de ciertas clausulas de la hipoteca, estos procesos suelen tener cuantías muy elevadas, y se dejaran de presentar por lo elevado de sus costes vulnerándose el derecho a la Tutela Judicial efectiva.

CONCLUSIONES:

I) Los pleitos caros son solo para los ricos.

II) Los bancos serán así los grandes beneficiados y protegidos de las demandas de los ciudadanos a los que han engañado con las preferentes o mediante las hipotecas con clausulas abusivas haciendo imposible su reclamación.

Desempleado_103º.- EN EL PROCESO PENAL, LOS PROFESIONALES DEL TURNO TRABAJARÁN GRATIS, O SE CONVERTIRÁN EN “COBRADORES DEL FRAC”.

En el proceso penal, la nueva ley restringe el cobro de los honorarios del abogado de oficio, con cargo al Estado, a las actuaciones realizadas en los cinco primeros días desde su designación, cuando se le deniegue el beneficio de justicia gratuita al cliente y además, después de que el letrado haya jurado la cuenta y no haya podido cobrar.

Cabe plantearse estas cuestiones:

1º).- Porqué en el proceso penal, se restringe el pago a los cinco primeros días?

2º) Esta situación se impone a los profesionales del Turno a realizar un trabajo que será gratuito, con efecto retroactivo. Ya que la comisión de justicia gratuita resolverá siempre después de los cinco días, teniendo que realizar tareas posteriores a ese plazo de cinco días que en modo alguno cobrará. Y sin posibilidad de que el letrado conozca previamente la insolvencia del cliente, ni la denegación del beneficio de justicia gratuita. Impidiéndole así la posibilidad de renunciar a la prestación del servicio que, de conocer previamente la denegación del beneficio de justicia gratuita y la insolvencia del cliente, entiendo que podría renunciar, conforme a lo previsto en el nº 3 del art. 32.

3º).- En efecto el nº 3 del art. 32 dice:3. Sólo en el orden penal los Abogados designados podrán excusarse de la defensa. Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los Colegios.”Entiendo que la denegación del beneficio de justicia gratuita, y la insolvencia del cliente, deben considerarse como motivos personales y justos para que el letrado designado pueda renunciar a continuar con la prestación de su servicio, pues nadie puede ser obligado a trabajar gratis.

Es evidente que la denegación posterior de la justicia gratuita y la verificación, también posterior, de la insolvencia del cliente, al tener como consecuencia el cobro SOLO de las actuaciones realizadas en los cinco primeros días, impone una condición retroactiva que es claramente contraria a derecho.

SUGERENCIA: Los Colegios profesionales, para mantener la imparcialidad de sus profesionales frente al cliente, y no tener que ser el letrado quien se convierta, a la vez, en abogado y cobrador del frac frente a su cliente; deberían organizar un servicio de cobro eficaz de los honorarios devengados por los profesionales del Turno, gestionando el cobro de los honorarios y pactando incluso aplazamientos a quien los solicite con el consentimiento del letrado, verificando su cumplimiento.

4º.- La nueva ley desconfía del abogado de turno de oficio, lo que causará una enorme dilación procesal.

La nueva ley exige en el art. 7.3 que para mantener la justicia gratuita en cualquier recurso o para “participar” (dice el borrador de la ley), en una ejecución, es necesario que se ratifique el cliente ante el Secretario judicial.

Para que esto pueda hacerse, ante la perentoriedad de los plazos, el secretario judicial decretará a instancia de parte, la suspensión del plazo para recurrir o formular oposición a la ejecución por un plazo máximo de 15 días.

La nueva ley prevé que esa ratificación pueda hacerse en otro Juzgado, y se remita por medios temáticos o por fax. Lo que demuestra la ignorancia de la verdadera realidad de los Juzgados de Paz. Pues muchos no tienen ni sobres ni papel, mucho menos fax.

Es evidente que el legislador parte de la idea de que el Abogado del turno lo recurre todo para cobrar más, o para dilatar el pleito, o para enredar. Esta es la única explicación que le veo a esta sandez que dilatará infinitamente el proceso y quiebra gravemente la libertad profesional del letrado de turno, pues supone una intromisión en su actuación profesional como director del proceso.

Debe recordarse que la dirección técnica del proceso, lleva implícita la decisión profesional de impugnar aquellas resoluciones que el profesional juzgue que deben impugnarse y es por tanto tan absurda como innecesaria esta ratificación que, como digo, dilatará enormemente el proceso.

Es importante recordar que los jueces españoles son de los que más cobran en Europa, y pese a ello España es uno de los países de la CE que tiene más casos pendientes de resolver http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/jueces-espanoles-mas-cobran-ue-y-menos-casos-resuelven/201206201910080

Pero, es mas fácil echar la culpa a los abogados que todo lo recurrimos.

5º.- La nueva justicia gratuita se extiende como una trampa mortal, a las reclamaciones administrativas previas. 

La impugnación de las resoluciones administrativas, cuando es necesaria su impugnación en vía administrativa previa, para impugnar después ante los tribunales, requiere solicitar primero la justicia gratuita y la designación del abogado y procurador.

La trampa: Quien no lo pida en ese tramite previo, aunque sea más pobre que las ratas, no tendrá derecho después, a la justicia gratuita para recurrir ante los tribunales, sino acredita haber venido a pero fortuna con posterioridad.

La nueva ley no obliga a la administración, a advertir de esto a los ciudadanos por lo que se causara grave indefensión.

Un ejemplo: Mercedes se acaba de separar y se ha ido a vivir con sus dos hijos a una casita en Peralejos de abajo.

El Ayuntamiento de esa población, le manda una carta donde le requiere para demoler un paellero que hizo su marido antes de separarse, porque excede del volumen de edificación de su parcela y no pidió licencia de obras.

Le dan 10 días para hacer alegaciones. Sin decirle que puede pedir el beneficio de justicia gratuita (la ley no lo exige) Ella va al Ayuntamiento, coge una instancia para hacer alegaciones y escribe de puño y letra diciendo que el paellero lo hizo su marido, que ella no tiene dinero, que se acaba de separa. Etc.

Unas semanas más tarde el Ayuntamiento de Peralejos de abajo, le comunica otra resolución desestimando sus alegaciones y le da diez días para demoler el paellero y le advierte que, si no lo hace en ese plazo, ira el ayuntamiento a demolerlo.

Cuando Mercedes va a pedir abogado de oficio, le dicen que debió pedirlo antes, para hacer alegaciones y que ya no puede pedir la justicia gratuita, si no acredita que su mala situación económica se ha producido después de recibir el primer papel del Ayuntamiento.

Si quiere recurrir tiene que pagar: las tasas, el abogado, el procurador y si lo pierde, las costas del Ayuntamiento. Mientras, el Ayuntamiento a los 10 días, manda a sus operarios a demoler el paellero, le llenan la casa de escombros, (el desescombro no es función municipal) y le reclaman 500 € por haberlo hecho mas una sanción por infracción urbanística.

SUGERENCIA: Cuando el ciudadano pida el beneficio de justicia gratuita en estos casos, con posterioridad a una actuación administrativa, si en la notificación de la administración no se le advierte que tiene derecho a pedir el beneficio de Justicia gratuita y a la designación de abogado de oficio, la administración incurre en una notificación defectuosa. Por eso entiendo que pese a lo dispuesto en la ley, para evitar causar indefensión grave, debe designarse a los profesionales que defiendan y representen al ciudadano.

Aunque el art.58.2 de la Ley 30/92, (que regula las notificaciones de la administración) no ha sido modificada en este sentido, es evidente que se incurre en un defecto que causa grave pues como tiene dicho el TS “las notificaciones defectuosas no surten, en principio, efectos, salvo que se convaliden, produciendo entonces los efectos pertinentes, tal como establece la Sentencia de 10 de enero de 2008 (LA LEY 887/2008) (rec. cas. núm. 3466/2002), que dice:

« La notificación consiste en una comunicación formal del acto administrativo, de la que se hace depender su eficacia, constituyendo una garantía para el administrado o, en este caso, del contribuyente, en cuanto hace posible el exacto conocimiento de su contenido y permite a aquél actuar frente a la decisión administrativa que comporta a través del ejercicio de su oportuna defensa.” TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S de 28 Jun. 2012

6º.- NUEVOS RECORTES, QUIENES TENGAN UN SEGURO DE DEFENSA CUBIERTO POR ALGÚN CONTRATO DE SEGURO SE LE DENEGARA LA PRESTACIÓN CUBIERTA POR EL SEGURO:

DICE EL NÚMERO 4 DEL ART. 6:

4. Aun cuando se acreditare la insuficiencia de recursos para litigar, no se reconocerán aquellas prestaciones que ya estuvieran cubiertas por uncontrato de seguro en el cual el solicitante tenga la condición de asegurado. Será obligación del solicitante hacer constar esta circunstancia, la cual se incluirá en los modelos de solicitud. La cuestión es que esto hace depender de la interpretación de la póliza, sobre todo en ciertos seguros en los que se favorecen las clausulas oscuras y que pueden causar enorme indefensión.

Imaginemos que un trabajador despedido solicita el beneficio de justicia gratuita. Al rellenar el impreso de beneficio de justicia gratuita dice que tiene un seguro del hogar que firmó con la hipoteca del banco: se le deniega la designación de abogado de oficio porque lo cubre el seguro.

Finalmente el Seguro dice que no incluye la defensa para los procesos de despido.

Mientras esto sucede, han transcurrido los 20 días para impugnar el despido y no lo ha impugnado, por lo tanto ha caducado su acción.

Cabe plantearse:

¿Quién revisa la póliza del justiciable para decidir si tiene o no incluida alguna prestación?

En caso de rechazo del siniestro por la aseguradora ¿Se suspenderán los plazos hasta que se decida mediante laudo arbitral (las discrepancias por este tema se resuelven por arbitraje según la ley de contrato de seguro).

Que sucede cuando se supera el límite máximo de la cobertura que, casi todas las pólizas incluyen a lo largo del proceso?

El legislador ha redactado esta ley con una única mira: Evitar el Gasto. Pero esto producirá indefensión y dilatará el proceso.

 

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HONORARIOS: COBRAR SEGURO DEL SEGURO.

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Dicen que la crisis se acaba, pero a mi me sigue constando, cada vez más que mis clientes acepten mis presupuestos y sobre todo que después me los paguen.

?????????????????????????????????????Por eso procuro firmar una hoja de encargo, en la que detallo el presupuesto del asunto y concreto un fraccionamiento del pago.

Pero sin duda, hay una alternativa en muchísimos casos que los abogados ignoramos y que resulta muy eficaz para asegurar el cobro de nuestros honorarios. Me refiero al seguro de defensa que muchos clientes tienen incluido en su póliza de seguro de todo riesgo del hogar.

Realmente los primeros que ignoran su existencia suelen ser los propios clientes, pero te aseguro, valga la redundancia, que casi todos los clientes tiene este seguro, ya que la mayoría de los bancos lo exigen como condición a sus clientes para concederles el préstamo hipotecario de su vivienda. ¿Y quién no tiene hipoteca en España?

En la mayoría de estos seguros, se incluye el seguro de defensa jurídica, no solo por los juicios derivados de daños de la vivienda, sino que se amplía muy frecuentemente a otros aspectos para dar esa cobertura de “Todo riesgo del hogar”, como suelen ser:

  • El Asesoramiento de aspectos familiares como separaciones y divorcios, tutela, la patria potestad, (niño que atropella con su bicicleta una anciana, etc.)

▪    Reclamación y defensa por motivos laborales, despidos reclamaciones salariales etc.

▪    Reclamación y defensa en contratos de compra venta, pagas y señales, depósitos.

▪    Y muchos otros ámbitos derivados de una cobertura integral del riesgo en la unidad familiar.

Aquí quiero recordar lo que dice el art. 76, a) de la Ley 50/1980 de 8 Oct. (Ley del contrato de seguro) cuando define el seguro de defensa jurídica:

“Por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro”.

Pero la clave está en el Art. 76, d) de esta ley que dice:

El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento.”

Indicando en el último párrafo de este artículo que “El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador”.

Es frecuente que las pólizas de defensa tenga limitado un importe máximo de cobertura por siniestro que suele oscilar entre los 1.500 y los 3.000 €. Incluso en ocasiones puede limitarse el número máximo de siniestros por año. Pero en muchas ocasiones, esos importes son más que suficientes para cobrar tus honorarios y los del procurador, incluso sufragar el pago de las costas del contrario, si se pierde el asunto. Y sino da para tanto, cuanto menos es una aportación importante que alivia enormemente la carga económica del procedimiento judicial y de los riesgos que conlleva.

¿Qué hacer con todo esto?:

-Ring… Ring Despacho de abogados: ¿Dígame?

– Mire es que mi hijo ha mordido al perro de la vecina, la vecina ha denunciado a mi hijo. Se ha montado tal bronca en casa que mi mujer se quiere divorciar ¿me puede dar hora con Don abogado?

Por supuesto, el lunes a las cinco. Ah! Por cierto: ¿tienen seguro del hogar?

–      Si claro,

–      Pues traiga la póliza también. Además de la denuncia.

–      ¿A mi hijo lo llevo?

–      ¿Esta vacunado…?

–      ¿De qué?

–      Es igual… de momento no hace falta.

Como se declarar el siniestro.-

a)   carta del cliente a la compañía de seguros referenciando el número de la Póliza, y declarando los dos siniestros: Mordedura y divorcio.

  1. En la misma carta el cliente te designa como su letrado y también (de ser preciso) al procurador de conformidad con lo establecido en el Art. 76 d) de la Ley de Contrato de Seguro.

b)   Carta del abogado designado comunicando que acepta la designación e informa del inicio del proceso.

c)    Periódicamente debe informarse a la Cía. de Seguros, la situación procesal y la sentencia dictada. En todo caso.

d)   Terminado el pleito los profesionales que han intervenido, emiten sus facturas a la Cía. de Seguros, con referencia al número del siniestro que haya indicado la Cía. de seguros y en todo caso indicando el nombre del cliente tomar del Seguro.

Una ilusión: compartir la experiencia.

Una realidad: aprender de la crisis.

Un deseo: que la crisis termine pronto.

LA NUEVA JUSTICIA GRATUITA, AL BORDE DE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

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Desempleado_10

1º) El nuevo sistema de remuneración al letrado en el proyecto de ley de Justicia gratuita.

Imagínate que en el servicio de urgencias de un hospital llega una ambulancia con un ciudadano de la CEE, a quien atienden por haber sufrido un accidente de circulación.

Tras estabilizarlo en los servicios de urgencias y realizar las primeras pruebas diagnósticas, se hace preciso prepararlo para una delicada posterior intervención quirúrgica que se realiza a los varios días del accidente.

Imagínate que este ciudadano carece de seguridad social, y de seguro sanitario.

Imagínate que al médico, anestesista y demás personal que le atendieron, le descuentan de sus nominas, el coste de los servicios prestados a este ciudadano. Y la Seguridad social les dice a estos profesionales que si quieren cobrar estos servicios que le reclamen al ciudadano de la CEE. Y les advierte además que si este ciudadano es insolvente, solo les pagarán los servicios prestados los cinco primero días.

Salvando las distancias, y considerando que a los abogados y procuradores del turno, no les pagan nomina, sino solo parte de los servicios que prestan, este sería el nuevo criterio de remuneración que pretende el gobierno implantar en el proyecto proyecto de ley de la justicia gratuita.

Pero además hay algunas incongruencias que rayan la legalidad constitucional.

2º.- El limite del imprem es inferior al salario mínimo interprofesional.

Si en España nadie puede trabajar legalmente, cobrando por debajo del salario mínimo, no se puede hacer depender un derecho fundamenta, como la tutela judicial efectiva, en función de un límite que sea inferior al salario mínimo interprofesional.

a)   El trabajo digno y con remuneración suficiente es una configuración del derecho al trabajo del art 35 de la CE

Establece el art. 35 de la CE:

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

b) Por su parte en el art. 26. 2 del ET se impone el límite mínimo de remuneración laboral en España diciendo :

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.

Conclusión: Si el SMI es un limite mínimo de remuneración legal del trabajo, el limite económico de los ingresos para tener derecho a la justicia gratuita, nunca debe ser inferior a este importe. A no ser que se considere que lo normal en España es tener un “minijob”, o un trabajo temporal a media jornada. Pero con ese planteamiento, España nunca saldrá de la crisis.

3º la obligación de mantener y costear el derecho a la justicia gratuita, es una consecuencia del Estado de Derecho y una obligación del Estado.

El Estado no puede imponer esta obligación económica a los profesionales del turno de oficio.

Las obligaciones económicas de los servicios públicos no pueden recaer en los profesionales que lo prestan. Es una obligación del Estado y por tanto no puede hacerse recaer esta obligación a los profesionales que lo prestan.

Convertir al abogado y procurador del turno, en cobradores de sus propios servicios, compromete gravemente la deontología profesional. Quebrando la confianza del cliente en su letrado, que se convierte en su acreedor principal, con posible información privilegiada.

4º El proyecto solo valora los ingresos del justiciable, no los gastos del proceso.

Según Doctrina del TC, en desarrollo del art. 119 de la CE y la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 28 de octubre de 1999, asunto Maxwell)

“El estado queda obligado a sufragar los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar.”

Por ello los límites económicos para reconocer este derecho son dos:

a)        los gastos del procesos.

b)        Los ingresos del ciudadano.

El proyecto de Ley, para conceder este beneficio, tiene en consideración únicamente los ingresos económicos del solicitante, NO VALORA LOS COSTES DEL PROCESO.

Quienes superen escasamente esos limites, pueden igualmente verse privados del derecho a la justicia, en todos aquellos casos en los que sus costes del proceso puedan hacer peligrar el nivel mínimo de subsistencia familiar:

  1. Por ejemplo iniciar un procedimiento declarativo contra el banco titular de su hipoteca, para suprimir unas cláusulas abusivas.
  2. Iniciar una demanda de preferentes.

Cualquier procedimiento de elevada cuantía, puede perderse con costas y puede determinar la ruina económica de una familia por tener que pagar las costas propias y las del contrario, así como la imposibilidad de hacer frente al pago de las tasas judiciales para instar la apelación o iniciar el proceso.

CONCLUSION FINAL:

El haber convertido la justicia en una fuente de ingresos públicos, a través de las tasas judiciales y los depósitos para recurrir, ha determinado un cambio radical en el planteamiento de los derechos fundamentales: la justicia deja de ser uno de los poderes del Estado, para convertirse en un servicio para ricos. La Justicia será solo para el que pueda pagarla. A los pobres… que los atiendan los abogados de oficio.

EL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA: OTRA MENTIRA DEL GOBIERNO.

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Salario Mínimo El proyecto de ley de la nueva Justicia Gratuita, presume de aumentar los niveles de renta para conceder este Derecho Fundamental a los ciudadanos. Lo cuál es falso. Hasta el mes de febrero del año pasado, quien tenía unos ingresos inferiores a 1.290,60 € al mes, tenía derecho al Beneficio de Justicia Gratuita, (no pagaba tasas, tenía abogado y procurador de oficio etc.) Desde el 22 de febrero de 2013, el Gobierno lo rebajó a 1.065,02 €/mes. De forma que para obtener este mismo derecho fundamental, hay que ser un 12,12 % más pobre en España. Otro recorte encubierto del Gobierno para recaudar más con las tasas, vulnerando la esencia del Estado de Derecho, al rebajar en más de un 12% el derecho a la justicia. Pero si esto esta mal, presumir de lo contrario, es simplemente MENTIR. Veamos, el año pasado se modificó la ley de Justicia Gratuita mediante RDL 3/2013 de 22 Feb. (modificación del régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del sistema de asistencia jurídica gratuita). Para adaptarla a la nueva ley de Tasas. En esta reforma se cambió el rasero que medía quien era Judicialmente “pobre”, para concederle este beneficio de la justicia gratuita, sustituyendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por un nuevo invento del Gobierno denominado “indicador público de renta de efectos múltiples, (IPREM), que es un 12,12% menor que el SIM. En la exposición de motivos de aquel Real Decreto se decía: De forma paralela se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) a fin de mejorar las cuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho”. Una simple comparación de ambos valores demuestran que esta afirmación es falsa: Iprem 2014 (http://www.iprem.com.es/2014.html) Salario Mínimo Interprofesional 2014. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13764 Fuente oficial: Boletín Oficial del Estado – Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

SMI diario 2014:           IPREM diario 2014:                       

 21,51 euros/día                 17,75 Euros/día

SMI mensual 2014:       IPREM mensual 2014:

645,30 euros/día              532,51 euros/mes

SMI 12 pagas 2014:     IPREM anual 2014 12 pagas

 7.743,60 euros/año      6.390,13 euros/año                      

SMI (2014) 14 pagas:   IPREM anual (2014) 14 pagas: 

9.034,20 euros/año        7.455,14 euros/año

El Iprem es inferior al salario mínimo interprofesional en un 12,12% con el Iprem.  Una vez el gobierno rebajó más de un 12% este derecho, la afirmación que se hace en la exposición de motivos del proyecto de la nueva ley de Justicia Gratuita, sigue siendo igualmente falsa: . “Consecuentemente, la sustitución en distintos artículos de la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se ha realizado mejorando las cuantías determinantes del umbral por debajo del cuál se reconoce el derecho. Simplemente FALSO. Hay que tener en cuenta que, aunque el Proyecto de Ley contempla diversos modelos de unidad familiar, para valorar si uno de sus miembros tiene derecho o no, al Beneficio de Justicia Gratuita, se computan los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar: computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar” (art. 3.1 del Proyecto de Ley). A esta realidad hay que añadir que la inflación en España cerró en 2013 con una tasa interanual del 0,3%. Por todo ello es falso que se hayan mejorado las cuantías por debajo de las cuales se reconoce este derecho, SE HA RECORTADO Y MUCHO. Mintiendo, Señor Ruiz-Gallardón, no se resuelve la crisis. Engañando a los Españoles, tampoco. Pero si además se vulneran las bases del Estado de derecho, nos alejamos de Europa y nos acercamos al tercer mundo.